El diputado Ramón Lobo calificó como “una respuesta necesaria y legítima” el Decreto de Emergencia Económica firmado por el presidente Nicolás Maduro, en medio del recrudecimiento del bloqueo financiero y comercial contra Venezuela.
En este orden, el parlamentario señalo que el decreto, con vigencia inicial de 60 días prorrogables, dota al Ejecutivo Nacional de herramientas legales para enfrentar una coyuntura económica compleja, producto de la continua guerra económica y comercial impuesta por actores extranjeros, principalmente Estados Unidos, quien ha contado con la petición y apoyo de la derecha extrema encabezada por María Corina Machado.
“Este decreto es un acto de soberanía frente a una arremetida sin precedentes. Las nuevas sanciones, los aranceles punitivos y la suspensión de licencias a empresas como Chevron forman parte de un entramado geopolítico para asfixiar a Venezuela”, afirmó.
Lobo destacó que las medidas contempladas en el decreto están orientadas a proteger los derechos económicos de la población y estabilizar el aparato productivo nacional. Entre ellas, mencionó la facultad que se otorga para la suspensión temporal de tributos, el redireccionamiento del presupuesto nacional, la sustitución de importaciones y el impulso a la inversión nacional e internacional.
“Se trata de medidas que buscan defender la economía y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales a la población. Son pasos firmes en un contexto de hostilidad internacional”, explicó.
El diputado también valoró como positiva la inclusión de contrataciones excepcionales y mecanismos contra la evasión fiscal, al considerar que son necesarios para mantener el funcionamiento del Estado y atender derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad alimentaria.
Finalmente, Ramón Lobo celebró el llamado a la unidad nacional realizado por el presidente Maduro, y reiteró que la defensa económica del país trasciende ideologías: “Frente al asedio externo, Venezuela necesita unidad, planificación estratégica y sentido de patria».
El Decreto de Emergencia Económica fue remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación, y también será evaluado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en la Carta Magna.
