El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este lunes que fueron solicitadas órdenes de aprehensión con alerta roja para varios funcionarios del Estado argentino por las acciones de la justicia y el gobierno de ese país contra el presidente Nicolás Maduro.
En rueda de prensa, el titular de la acción de penal adelantó que las solitudes recaen sobre Waldo Wolff, presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y Secretario de Asuntos Públicos de Buenos Aires; José Agüero Iturbe, Fiscal ante la Cámara Federal; Carlos Stornelli, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.
Igualmente, para Mariano Llorens, presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires; Leopoldo Bruglia, vicepresidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires; Pablo Bertuzzi, vocal de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires; Ana Cristina Juans, secretaria de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina.
Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas con motivo de la decisión del 23 de septiembre de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires que ordenó al Juzgado Federal N° 2 que solicitara órdenes de detención y captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro Moros y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Resaltó que la decisión contra el jefe de Estado de Venezuela, además de dejar claro la inexistencia de separación de poderes en la Argentina, es parte del alineamiento internacional de gobiernos derechistas que tratan de reeditar el Grupo de Lima contra Venezuela, refiere nota de prensa publicada por el Ministerio Público.
Apuntó que esta investigación iniciada está vinculada a los delitos de usurpación de funciones, abuso de poder, conspiración, vilipendio contra alto funcionario público y asociación para delinquir.
Saab aseguró que desde el principio el caso tuvo una connotación política, debido a que había sido archivado por el juez Sebastián Ramos, pero a instancias del gobierno de Javier Milei, se reabrió.
Explicó que que la sala que tomó la decisión es conocida en Argentina como la Sala M, en referencia a que la controla Mauricio Macri, «lo que deja en claro el carácter político de toda esta trama camuflada de lucha por los derechos humanos».
Al respecto, expresó que fue orquestada por el macrismo con el apoyo del gobierno de Javier Milei, y que la propia ministra Patricia Bullrich se presentó en la audiencia para presionar y dejar claro cuál era la posición de su gobierno.
El fiscal enfatizó que la decisión tomada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y la secretaria Ana Cristina Juans ataca y viola los principios internacionales, además que estos jueces son conocidos por armar causas falsas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus funcionarios durante el gobierno del expresidente Macri.
Agregó que el fiscal Carlos Stronelli, quien ejerce como fiscal desde el 1993, “fue imputado por extorsión y asociación ilícita en la llamada ‘Causa de los Cuadernos’, la cual es una de las tantas causas que le han inventado a Cristina Fernández”.
