En Gaceta Oficial N° 42.939, fue publicado el Decreto N° 4.975 de la presidencia de la República, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad, con carácter permanente como órgano asesor y de consulta dependiente del jefe de Estado en materia de prevención de los usos delictivos de las tecnologías de comunicación e información.
El decreto, que fue publicado en gaceta con fecha de 12 de agosto de 2024, destaca que el país ha sido víctima de agresiones cibernéticas que han afectado sectores clave como la industria petrolera, el suministro eléctrico y los procesos electorales.
Además, advierte que magnates y empresas tecnológicas utilizan la tecnología para actividades delictivas, ciberterrorismo y desestabilización política. También, resalta los riesgos actuales del mal uso de la tecnología, lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad nacional, y exige un mayor esfuerzo del Estado para mitigar estos peligros.
Entre las principales atribuciones del Consejo se incluye la creación de una red de vigilancia permanente para incidentes telemáticos con la finalidad de prevenir, mitigar y controlar los delitos informáticos de manera más eficiente. Además, el organismo tendrá la capacidad de solicitar información a entidades públicas y privadas.
Estas son las siete claves de las responsabilidades que recaerán en el Consejo Nacional de Ciberseguridad:
El ciberespacio es declarado de interés público y estratégico, requiriendo políticas de seguridad, administración y control para asegurar la soberanía y estabilidad del país.Se establecerá una red de vigilancia 24 horas para incidentes telemáticos, conectada con redes regionales para combatir delitos informáticos transfronterizos.
El Consejo podrá solicitar a entidades públicas y privadas datos, estadísticas e información relacionada con la seguridad informática de la nación.Se impulsarán programas de formación en ciberseguridad y se fomentará la creación de equipos especializados en el sector público y privado.
Promoverá inversiones para fortalecer la infraestructura telemática del Estado.
Sugerir regulaciones, leyes y reglamentos orientados a la prevención del uso delictivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC).Crear comités de trabajo y emergencia interinstitucionales para prevenir el uso delictivo de las TIC.