El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reveló la existencia de una estructura mediática extorsiva pagada por el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, para ejecutar campañas de desinformación y guerra sucia en contra de autoridades, personalidades del Estado venezolano y empresarios.
Detalló que Samark López (operador financiero de El Aissami), declaró que dicha estructura fue articulada por un operador político del que desconoce el nombre; y que era pagada por Joselit Ramírez mediante una nómina financiada con fondos públicos.
Samark López ha informado que Tarek El Aissami tenía a su servicio una estructura mediática extorsiva que era utilizada para atacar a personas que no se alineaban con sus planes. (…) Pagaba miles de dólares mensuales para campañas de guerra sucia contra personeros del Estado”, indicó el titular de la acción penal.
En el audio grabado apenas hace dos días, Samark López describe esta nueva faceta del esquema de corrupción, que no solo incluye personajes de redes sociales sino periodistas instalados en Miami y Nueva York, Estados Unidos.
Detalló que entre los involucrados por Samark López se encuentran Daniel Lara Farías, Wender Villalobos, Norbey Marín y Sebastiana Barráez; además de Maibort Petit y el portal web Armando.info, quienes participaban en el esquema.
El fiscal destacó que esta nueva trama de corrupción tuvo ingredientes toxicos, inmundos, porque no solo buscaron faltar a la nación sino destruir la economía nacional en plena pandemia. Fue a la par este esquema de corrupción las acciones para causar daños económicos severos a Venezuela.
Se reveló que el exministro tenía una nómina fantasma para lanzar campañas de asedio sistemático para destruir vidas y extorsionar a comerciantes, autoridades militares y politicos lideres empresariales.
El Aissami también tenía una nómina fantasma de presuntos comunicadores, muchos de ellos señalados como palangristas, para lanzar campañas de guerra sucia con una persona o un grupo. Hablan de extorsiones de 30.000 a 100.000 dólares.
Esa nómina paralela fue creada por un operador político del que Samark López desconoce el nombre, y que era pagada por uno de los operadores financieros de El Aissami. Me refiero a Joselit Ramírez , señaló.
En tal sentido, Petit le habría propuesto a Samark López un pago por 30.000 dólares para suavizar el contenido de las notas publicadas por ella sobre los distintos litigios que éste tiene en Estados Unidos. Dicha estrategia se habría empleado con otras personas para obtener los mismos beneficios.
Según las declaraciones ofrecidas por López, estos periodistas y dichos portales web continúan recibiendo financiamiento de la USAID y tienen unas metas mensuales de personas que nombrar y atacar, y de artículos que tienen que publicar.
Dicho esquema funcionaba tras recibir pagos mensuales que oscilaban entre los 3.000 y 5.000 dólares; adicionales a pagos extra por trabajos especiales de desinformación mucho más profundos.
A su vez, el procesado refirió que Armando.info, bajo la dirección de Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg, también guardaba relación con El Aissami, debido a que sus supuestos trabajos de investigación se encargaban de “(…) enmascarar el cómo trabaja la mencionada estructura mediática para destruir la reputación de los altos funcionarios y empresarios”.
En palabras de López, también estaría involucrado Juan Almeida, encargado de multiplicar el impacto de las campañas a través de cuentas pagadas en plataformas de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, entre otras.
De estas 32 tramas hemos judicializado 290 personas (76 condenadas), solamente en la lucha de corrupción petrolera», dijo.
Reveló que, de acuerdo con las investigaciones, Samark López fue quien organizó y armó una conspiración política al menos desde el año 2018.
Saab dijo tener nuevas pruebas que apuntan a que el origen de esta cruzada inició en el año 2014, «cuando El Aissami y Samark López tenían intenciones de ir armando ésta conspiración política, en la cual están implicados dirigentes de la derecha en el país, diplomáticos de Estados Unidos y miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos.